El terrorismo, como fenómeno criminal y sociopolítico, constituye uno de los desafíos más complejos para las democracias modernas, tensionando permanentemente el equilibrio entre seguridad pública, derechos fundamentales y la vigencia del Estado de Derecho. En Chile, esta problemática ha adquirido particular relevancia en las últimas décadas, tanto por la evolución de la legislación antiterrorista como por su aplicación en contextos altamente sensibles, tales como el conflicto en la macrozona sur y manifestaciones sociales de gran impacto.