La Administración del Estado cuenta con un poder para aplicar sanciones disciplinarias a sus funcionarios, quienes concurren frecuentemente ante diversas instancias administrativas y judiciales con la pretensión de revertir el castigo. Este fenómeno se ha traducido en una profusa jurisprudencia que, en distintos ámbitos (administrativo, constitucional, laboral y civil), se ha pronunciado sobre este poder disciplinario de la Administración. La intensa judicialización generada por la aplicación de estas sanciones revela la necesidad de entender cómo se controla el poder disciplinario de la Administración y, tras ello, poder identificar mejores maneras de hacerlo.