La retención del 10% de los fondos de pensiones de las AFP ha develado un problema de antigua data. Por varias semanas, el incumplimiento en el pago de las pensiones de alimentos acaparó la atención ante la magnitud y repercusiones de este fenómeno. Se señaló que el 84% de las pensiones alimenticias decretadas por los tribunales de familia son incumplidas; que 9 de cada 10 casos las demandantes son mujeres y que un 65% del total de personas que no reciben la pensión de alimentos corresponde a la población de menos ingresos de nuestro país.

Si bien la legislación sustantiva hasta esa fecha contemplaba un amplio catálogo medidas contra los deudores de alimentos, la evidencia mostraba que ellas parecían no ser efectivas.

La ley 21.389, dictada el 18 de noviembre de 2021, tuvo por objeto hacer frente a este problema a través de la creación de una nueva herramienta para el cobro, el Registro Nacional de Deudores. Pero esta norma también incorporó modificaciones legales a la ley 14.908 tendientes a agilizar la tramitación del cumplimiento de los alimentos y a enfrentar llamada “la cultura del incumplimiento”, incorporando modificaciones legales que refuerzan el valor del pago de los alimentos a través de las modificaciones legales de la ley 20.066, la ley 19.620, la ley 16.618, entre otras.